El Gobierno de Canadá anunció recientemente un programa para que los propietarios de armas de fuego puedan venderlas a las autoridades como parte de una serie de medidas de control de armas que incluyen permitir a las autoridades municipales prohibir la venta y tenencia de pistolas y revólveres.

Las autoridades canadienses también indicaron que endurecerán las sanciones penales contra el contrabando y venta ilegal de armas de fuego.

En mayo de 2020, Canadá prohibió la venta, posesión y uso de más de 1,500 variantes de armas de fuego de tipo militar, dos semanas después de que un individuo disfrazado de policía y armado con fusiles de asalto asesinase a 22 personas en la provincia de Nueva Escocia.

Las autoridades calculan que existen entre 150,000 y 200,000 armas de asalto en poder de particulares en todo Canadá, concedieron un periodo de gracia de dos años para que las personas que posean armas prohibidas pudiesen cumplir con las nuevas normas, periodo que acaba el 30 de abril de 2022.

El Gobierno canadiense considera que el programa de compra anunciado hoy por el primer ministro Justin Trudeau y el ministro de Seguridad Pública, Bill Blair, permitirá que los propietarios de armas de asalto puedan deshacerse con más facilidad de ellas.

El proyecto de ley del Gobierno canadiense permitirá también que los propietarios de las armas prohibidas se queden con ellas pero bajo estrictas condiciones de almacenaje y con el compromiso de que no serán usadas en ningún momento.

Trudeau señaló que “es demasiado cada canadiense que muere por la violencia de las armas” y que seguirá “tomando medidas para fortalecer el control de armas, eliminar armas peligrosas de nuestras calles y asegurarse de que todos se puedan sentir seguros”.

En 2019, el 40 % de los homicidios cometidos en el país fueron el resultado del uso de armas de fuego y, según las autoridades canadienses, es más probable que las mujeres sean víctimas de violencia doméstica cuando se usan armas de fuego.

Una de las medidas propuestas es que los familiares o allegados a personas que poseen armas de fuego puedan solicitar a los tribunales la retirada inmediata de su posesión o la suspensión de la licencia de posesión de armas.

Blair justificó las medidas al afirmar durante la presentación de la legislación que “la propiedad de armas es un privilegio, no un derecho” y que las medidas propuestas marcan “un camino a la legalidad y justicia para aquellos canadienses que compraron esas armas de forma legal”.

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