SANTIAGO DE CHILE .- Los estudiantes universitarios seguirán movilizados con marchas y paros, luego que sus dirigentes rechazaron dialogar con el ejecutivo, bajo el amparo del congreso, mientras los secundarios conversarían si se cumplen ciertas condiciones. La gran mayoría de los universitarios y un sector de los secundarios llevan dos meses y medio en huelga, con escuelas ocupadas y paros.
Legalmente, miles de secundarios están a punto de perder el año escolar por inasistencia, pero el problema se puede solucionar con un decreto del Ministerio de Educación.
Las próximas movilizaciones estudiantiles se realizarán el martes 16, con una protesta, y el jueves 18, con un paro nacional. El 24 y 25 de agosto se sumarán a una huelga nacional de 48 horas convocada por varios sectores de trabajadores.
Reunidos en Concepción, 515 kilómetros al sur de Santiago, los líderes universitarios rechazaron la oferta de los presidentes del Senado, un izquierdista, y de la Cámara de Diputados, un ultraderechista, de dialogar en torno a una agenda abierta. La mayoría de los dirigentes son comunistas o independientes de izquierda.
La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y vocera del movimiento estudiantil, Camila Vallejos, dijo a los periodistas el fin de semana que la oferta del congreso, “se invalida en cuanto el gobierno no tiene un pronunciamiento ante nuestras demandas, por tanto no nos da ninguna garantía”.
Agregó que si se logra legislar o se envían proyectos que satisfagan sus demandas, “vamos a discutirlo”, pero “si eso no sucede, evidentemente nosotros no estamos dispuestos a ninguna instancia de diálogo ni nada por el estilo”.
El presidente Sebastián Piñera firmó en la semana un proyecto que crea una superintendencia para cuidar la calidad de la enseñanza.
Los estudiantes presentaron un petitorio con 17 puntos que incluyen el fin de lucro en la educación, que las escuelas municipales vuelvan al amparo de entes estatales, y que se reforme la Constitución para que garantice el derecho a una educación pública, de calidad y gratuita.
El gobierno respondió con un paquete de 21 medidas que consideran un aporte extraordinario de 4.000 millones de dólares a la educación, en forma gradual, más becas, reforzamiento de la enseñanza técnico-profesional y reprogramar a los alumnos atrasados en los pagos de sus créditos, junto con bajar los altos intereses de ésos préstamos.
Vallejos afirmó que no todos los puntos del petitorio fue respondido por el gobierno, como el fin del lucro, y exigen una nueva respuesta.
Por el contrario, los secundarios reunidos en Copiapó, 800 kilómetros al norte de Santiago, dijeron que pueden sentarse a dialogar, “siempre y cuando esta instancia sea integrada por todos los actores sociales y que sea de carácter resolutiva y que no nos pidan deponer las ocupaciones de los liceos”, dijo el vocero Freddy Cuevas.
Los puntos básicos que separan al movimiento estudiantil del gobierno son el fin del lucro y el aseguramiento constitucional de la educación gratuita.
El movimiento estudiantil quiere evitar que les suceda lo que a “los pingüinos” el 2006, cuando los secundarios paralizaron a un millón de alumnos por un par de meses, pero los desmovilizaron cuando accedieron a integrar una comisión oficial que debía proponer mejoras educacionales.
Los estudiantes chilenos iniciaron las movilizaciones a mediados de mayo para exigir que el Gobierno central vuelva a administrar la educación primaria y secundaria, que se prohiba a las instituciones privadas lucrarse con la educación y que se garantice en la Constitución el derecho a una educación pública, gratuita y de calidad.
La movilización estudiantil cuenta con un apoyo mayoritario de la ciudadanía, la que, sin embargo, se cansó de las marchas que terminan con encapuchados provocando cada vez actos más vandálicos y es partidaria de que al menos los secundarios retornen a clases, según una encuesta del periódico El Mercurio y Opina, publicada el domingo.
El estudio de opinión, con un margen de error del 5%, indica que un 54% de los consultados quiere que los jóvenes vuelvan a clases y un 40% que continúen movilizados.
