El Estado canadiense no protege al sector más vulnerable de su ciudadanía: las mujeres indígenas. Este escenario se tuerce aún más cuando algunos elementos encargados de velar por la seguridad pública han sido acusados de ataques en su contra.
Reportes oficiales e independientes han mostrado el alto nivel de violencia del que son víctimas las mujeres autóctonas de Canadá, en comparación al resto de la población femenina del país. Han documentado centenas de homicidios y desapariciones en los últimos 30 años. Los informes indican que la pobreza y la discriminación son caldo de cultivo de esta violencia y que las investigaciones para aclarar muchos de estos crímenes carecen de profundidad.
Un reciente escándalo en la provincia de Quebec oscurece aún más este panorama: un grupo de mujeres indígenas ha denunciado agresiones sexuales por parte de algunos agentes policiacos.
Bomba televisiva
El programa periodístico Enquête de la televisión francocanadiense destapó el pasado 22 de octubre una cloaca que pone en aprietos a distintas instituciones públicas. Los hechos ocurrieron en Val-d’Or, ciudad quebequense ubicada a 526 kilómetros de Montreal.
En un principio, el equipo de Enquête averiguaba sobre la desaparición de Cindy Ruperthouse, una joven indígena de quien se ha perdido el rastro desde abril de 2014 y cuyos familiares se han quejado del poco esfuerzo de las autoridades por encontrarla. Para sorpresa de los periodistas, en su visita a Val-d’Or se toparon con testimonios sobre incidentes de otro tipo.
Un grupo de mujeres pertenecientes a la nación Algonquina describió una serie de agresiones sexuales y de castigos físicos por parte de policías de la localidad. En total, 12 mujeres han acusado a ocho agentes del orden por 14 hechos delictivos.
Cabe destacar que hay 60 policías en Val-d’Or. Algunas de las denuncias datan ya de meses atrás, pero la respuesta de las autoridades había sido discreta hasta la transmisión del programa.
La vida de varias de estas mujeres refleja las duras condiciones y el escenario de vulnerabilidad presentes entre una parte considerable del sector femenino de los pueblos autóctonos: estudios truncados, maternidad a temprana edad, dificultades para encontrar un trabajo estable, ejercicio de la prostitución en algunos casos.
Una de las declaraciones más crudas en Enquête fue la de Bianca Moushoun. Afirmó que en varias ocasiones los policías la habían detenido en la calle para después llevarla a un sendero en el bosque. Ahí la obligaban a consumir bebidas alcohólicas y a practicar sexo oral. Al final le daban dinero a cambio de su silencio y en una ocasión le ofrecieron cocaína. También señaló que en 2006, cuando aún era menor de edad, un patrullero le fracturó un brazo. Presentó una denuncia, pero nunca obtuvo respuesta.
Angela King relató que hace 20 años un policía la condujo a una sala de interrogación. Minutos después, abusó de ella. King optó por callar durante todo este tiempo pensando que jamás se investigaría al respecto.
Por su parte, Priscilla Papatie, de 38 años, contó cómo dos policías la detuvieron en la primavera de 2013. Destruyeron su teléfono celular, le quitaron los zapatos y la abandonaron en el bosque, a varios kilómetros de la ciudad, desde donde tuvo que caminar sobre el suelo cubierto de nieve. También declaró haber sido ultrajada por un policía hace algunos años.
Otras mujeres describieron los moretones y cortes que han sufrido por los tratos de la policía, además de afirmar que agentes del orden obligan a otras mujeres a ceder a propuestas sexuales.
La semana siguiente a la difusión del programa, una mujer perteneciente a la nación Innu presentó una denuncia en Sept-Îles (ciudad del norte de Quebec) contra un policía que la atacó sexualmente tras amenazarla con un arma de fuego. El hecho sucedió en los años noventa. La mujer presentó una denuncia en ese entonces, pero su testimonio no fue tomado en cuenta. Decidió volver a denunciar tras lo ocurrido en Val-d’Or. El organismo Femmes Autochtones du Québec ha manifestado tener conocimiento de otros casos similares en varias ciudades de la provincia.
“Procedimientos habituales”
Horas después de la difusión del programa, Lise Thériault, ministra de seguridad pública de Quebec, ofreció una conferencia de prensa. En este acto, la ministra reaccionó con emoción, dejando escapar algunas lágrimas. “Estoy igual de impresionada que toda la ciudadanía”, señaló con voz entrecortada.
Los periodistas no dejaron escapar la ocasión de preguntar a Thériault sobre su sensible reacción a estos eventos, tomando en cuenta que varias de las denuncias habían sido presentadas desde el mes de mayo, por lo que el ministerio a su cargo ya estaba al tanto de los incidentes. La ministra afirmó que habían actuado de acuerdo con los procedimientos habituales y que muchos detalles revelados en televisión eran desconocidos por ella y los investigadores.
Apenas unos días después de la conferencia de prensa, Thériault solicitó ausentarse de su puesto por algunas semanas aduciendo problemas de salud. Philippe Couillard, primer ministro de Quebec, fue quien hizo público el retiro temporal de la ministra, señalando que éste no guarda relación alguna con los hechos de Val-d’Or.
El fin de semana posterior a la difusión del programa televisivo, los policías de esa población decidieron no presentarse a laborar, argumentando que temían por su seguridad frente a las posibles represalias de algunos ciudadanos. Asimismo, de acuerdo con el diario La Presse de Montreal, los policías hicieron circular un documento exigiendo disculpas a la ministra Thériault por no haber mencionado la presunción de inocencia de todo acusado, manifestando también que la inmensa mayoría de los agentes cumple cabalmente con sus funciones de manera respetuosa.
En un principio, las autoridades anunciaron que la investigación seguiría a cargo de Sûreté du Québec, el cuerpo policiaco de la provincia. Sin embargo, las pesquisas fueron posteriormente asignadas al Servicio de Policía de Montreal para despejar cualquier duda. De igual manera, los patrulleros denunciados fueron retirados temporalmente de sus funciones con goce de sueldo. Los distintos grupos autóctonos y los medios de comunicación ya habían señalado la extrañeza de que Sûreté du Québec investigara sobre sus propios agentes.
Apro solicitó al Servicio de Policía de Montreal su postura respecto a la investigación. Un portavoz oficial respondió que, tal y como ha sido indicado en comunicados oficiales, sus agentes han entrevistado a las denunciantes y que se ha abierto una línea telefónica para señalar otros incidentes. Sin embargo, dijo que esta institución no desea hacer comentarios específicos sobre los hechos.
Por su parte, Martin Prud’homme, director general de Sûreté du Québec, descartó una crisis de seguridad en Val-d’Or. “Hay personas preocupadas y cuestionamientos, pero de eso a decir que haya una crisis, no lo creo, aunque debemos actuar”, dijo en conferencia de prensa.
Prud’homme visitó la zona para hablar con los agentes del orden y reunirse con líderes autóctonos. Anunció dos proyectos piloto: todas las patrullas de Val-d’Or estarán equipadas con cámaras de vigilancia y trabajadores sociales acompañarán a los policías en algunos de sus recorridos.
Los dirigentes de la Asamblea de Primeras Naciones de Quebec y Labrador sostuvieron una reunión extraordinaria en Val-d’Or el pasado 27 de octubre. En el evento exigieron entrevistarse con el primer ministro quebequense para solicitarle que la investigación sobre las agresiones sexuales sea llevada a cabo por una comisión independiente. De igual manera, manifestaron que la provincia debe también lanzar una amplia investigación sobre las mujeres indígenas asesinadas y desaparecidas.
Finalmente el primer ministro Philippe Couillard se reunió con los líderes indígenas el pasado 4 de noviembre. En este encuentro Couillard señaló que la investigación sobre las acusaciones en Val-d’Or seguirá a cargo del Servicio de Policía de Montreal. Asimismo anunció inversiones por cerca de 6 millones de dólares en la zona para proyectos de alojamiento, ayuda sicológica y actividades comunitarias. Varios de los líderes indígenas quedaron insatisfechos por las palabras del primer ministro.
Ese mismo día, el gobierno notificó la participación de la académica Fannie Lafontaine como observadora en la investigación del Servicio de Policía de Montreal. Lafontaine es profesora en la Universidad Laval y reconocida jurista en derecho internacional. El pasado viernes 6, el primer ministro también hizo del conocimiento público que las futuras acusaciones de carácter sexual hacia miembros de la policía serán incluidas dentro de las responsabilidades de la Oficina de Investigaciones Independientes, cuyas actividades comenzarán en abril de 2016.
Mylène Jaccoud es profesora de criminología en la Universidad de Montreal y se especializa en la relación entre las instituciones judiciales y los grupos autóctonos canadienses. Consultada por Apro, señaló que las dudas alrededor de cómo se está dando la investigación de Val-d’Or reflejan una vez más la falta de confianza a los organismos policiacos entre la población indígena. Subrayó además que el número de policías de origen autóctono dentro de Sûreté du Québec es raquítico, algo que favorece también los recelos.
Las promesas de Trudeau
A lo largo de la reciente campaña electoral federal, el líder liberal Justin Trudeau se comprometió a desarrollar una nueva relación con los grupos autóctonos. También prometió llevar a cabo una investigación nacional sobre los asesinatos y desapariciones de las mujeres pertenecientes a estas comunidades, tema ignorado sistemáticamente por el ex primer ministro Stephen Harper. Tras su victoria en las urnas, se espera que Trudeau anuncie en breve el inicio de dicha investigación.
El pasado 4 de noviembre, Trudeau nombró en su cuerpo de ministros a dos diputados autóctonos. Hunter Tootoo, quien pertenece a la nación Inuit, tiene a su cargo la cartera de Pesca y Océanos. Asimismo, Jody Wilson-Raybould, abogada de origen Wewaikai, es la nueva ministra de Justicia. Tanto la promesa de la investigación nacional como los dos nombramientos han levantado esperanza hacia Trudeau dentro de la población indígena.
Philippe Couillard, primer ministro de Quebec, ha señalado que hay que esperar a que Trudeau brinde más detalles sobre su plan de investigación nacional antes de contemplar una pesquisa provincial. También ha manifestado que sería una buena idea que el proyecto del gobierno federal tome en cuenta los casos de agresiones sexuales como los denunciados en Val-d’Or.
Los líderes autóctonos coinciden en que la investigación nacional aborde también el tema de la violencia sexual, aunque, por otra parte, señalan que el primer ministro quebequense trata de evadir sus responsabilidades citando las tareas del gobierno federal.
De igual manera, siguen mostrando reservas sobre la investigación de lo ocurrido en Val-d’Or, evocando la falta de imparcialidad en el proceso.
A este respecto, la profesora Jaccoud señaló que los grandes problemas de los grupos indígenas deben ser analizados y combatidos tanto por el gobierno federal como por los de las provincias, por lo que Couillard tendrá que colaborar con los esfuerzos de Ottawa pero trabajar al mismo tiempo en iniciativas específicas para los pueblos autóctonos de Quebec. El escándalo desatado en Val-d’Or demuestra una vez más el hartazgo y la desesperación de los pueblos indígenas canadienses –especialmente de sus mujeres– por vivir en la cotidianeidad como ciudadanos de segundo grado.
