TEGUCIGALPA .- Líderes empresariales y políticos que respaldaron el golpe de estado de junio de 2009 criticaron la decisión de una corte de apelaciones de eliminar dos juicios por corrupción en contra del derrocado presidente Manuel Zelaya. El gobierno expresó satisfacción por la decisión judicial que allana el camino para reincorporar Honduras a la Organización de los Estados Americanos (OEA), pero la comunidad latinoamericana advirtió que se trata solamente de un primer paso.
Jimmy Dacaret, líder de Unión Cívica Democrática que apoyó gobierno de facto, dijo el martes a la AP que “este es el principio de la impunidad porque la Corte Suprema le falló al pueblo por las presiones externas para anular los casos de Zelaya… y eso debilita a la nación”.
La decisión de la corte se registró luego de que el 9 de abril el presidente hondureño Porfirio Lobo se reunió con sus colegas de Venezuela y Colombia, y tras el encuentro declararon que la anulación de los procesos a Zelaya (2006-2009) el retorno de Honduras en la asamblea general de junio de la OEA en San Salvador.
El estadounidense Departamento de Estado exhortó a la incorporación inmediata de Honduras a la OEA. En un comunicado, el portavoz del Departamento de Estado Mark Toner dijo que Estados Unidos apoya las intenciones de secretario general de la OEA José Miguel Insulza de iniciar consultas con los estados miembros sobre la readmisión de Honduras al organismo multilateral.
La Cancillería de El Salvador consideró que la decisión del tribunal es un “importante paso que no solo abre una nueva puerta hacia el camino de la reconciliación en la hermana República de Honduras sino también hacia su reincorporación al seno de los organismos internacionales”, según un comunicado.
El asesor internacional de la presidenta brasileña Dilma Rousseff, Marco Aurelio Garcia, destacó la decisión judicial como “un avance importante” y agregó que “tenemos interés en que rápidamente se normalice la situación del ex presidente Zelaya, era uno de los condicionantes importantes”.
Agregó que aún existe “una situación compleja en materia de derechos humanos” en Honduras que debe ser analizada por los países americanos antes de readmitir a la nación centroamericana a foros multilaterales como la OEA.
El fiscal contra la Corrupción de Honduras, Henry Salgado, dijo a radio HRN que “la posición del Ministerio Público siempre ha sido contundente y encaminada a enjuiciar a Zelaya. “El fallo nos dice lo contrario… y presentaremos un recurso legal por creer que afecta los intereses de la sociedad”.
Pero el canciller Mario Canahuati dijo a la AP que “en base a la ley, ya se puso fin a un proceso político difícil que allana el retorno de Honduras a la OEA”.
Añadió que “así se solventarán las diferencias con algunos países sudamericanos con los que estamos deseosos de restablecer buenas relaciones y alianzas estratégicas”.
Venezuela, Ecuador, Argentina y Ecuador no reconocen a Lobo por considerar que surgió en comicios realizados después del golpe.
El que fuera canciller de Zelaya, Milton Jiménez, dijo a diario Tiempo que “los juicios tienen vicios de ilegalidad porque son políticos y bochornosos al surgir cuando se dio al traste con la democracia en el país”.
Fredín Fúnez, abogado simpatizante de Zelaya, señaló que “la situación deja expedito el camino para que el ex gobernante regrese al país y, aunque la fiscalía puede intentar revocarla, no cambiará el fondo del asunto porque los magistrados no variarán su posición”.
El ex presidente, que vive en República Dominicana, ha anunciado su intención de volver al país cuando fuesen eliminados los juicios en su contra, por haber sido promovidos por autoridades involucradas en la conspiración que generó su caída.
Al ser derrocado, la fiscalía presentó siete acusaciones contra él, de las cuales cinco eran por delitos de orden político. Quedó eximido de ellas cuando el Congreso aprobó en enero del 2010 una amnistía para delitos de esa índole.
