La ley entró en vigencia este último domingo intenta que haya más casas disponibles para los canadienses. La medida se aplicará durante los próximos dos años y pretende luchar contra la especulación.
“Las casas son para las personas, no para los inversionistas”, ha dicho Trudeau. Varias excepciones en la ley permiten comprar casas a refugiados y residentes permanentes que no sean ciudadanos.
Según la Asociación Canadiense de Bienes Raíces, los precios medios de la vivienda han caído desde un máximo de más de 800,000 dólares canadienses a principios de 2022 a poco más de 630,000 dólares canadienses el mes pasado.
Muchos expertos también han dicho que la prohibición de los compradores extranjeros – que representaron menos del cinco por ciento de la propiedad de viviendas en Canadá, según la agencia nacional de estadística – no tendría el efecto deseado de hacer que las viviendas sean más asequibles.
Más bien apuntan a la necesidad de construir más viviendas para satisfacer la demanda.
La Corporación Hipotecaria y de la Vivienda de Canadá, la agencia nacional de la vivienda, señaló en un informe de junio que en 2030 se necesitarán cerca de 19 millones de viviendas. Eso significa que habrá que construir 5,8 millones de viviendas nuevas, es decir, 3,5 millones más de las que se prevé construir en la actualidad para satisfacer esa demanda.
