Uber dijo el martes que dejará de operar en Quebec el próximo mes si la provincia no rescinde nuevas regulaciones que fueron presentadas la semana pasada.
Jean-Nicolas Guillemette, jefe de Uber en la provincia canadiense, informó que la empresa dejará de funcionar el 14 de octubre si el gobierno no da marcha atrás.
Laurent Lessard, ministro de Transporte, dijo el viernes que la provincia permitiría que Uber siguiera operando si sus choferes se someten a una revisión de antecedentes penales realizados por la policía, en vez de hechos por firmas privadas de seguridad. Los conductores de Uber también tendrán que tomar la misma cantidad de horas de entrenamiento que los taxistas normales, o sea 35 horas, en vez de 20.
Guillemette dijo que la provincia no consultó con Uber antes de hacer los cambios. Agregó que las nuevas leyes hacen imposible que el servicio continúe en Quebec. Añadió que ninguna otra ciudad exige esa cantidad de entrenamiento, y calificó las nuevas condiciones como “inaceptables”.
“Tratar de imponernos las mismas normas que se les imponen a la vieja industria de los taxis es algo que no creo que nos ayudará a avanzar”, dijo Guillemette.
El anuncio de Uber no fue bien recibido en Quebec.
“No me importa”, dijo el alcalde de Montreal Denis Coderre a los canales noticiosos BNN. “Francamente, tenemos que tener regulaciones y si ellos amenazan con irse, no me importa”.
Uber, fundada en el 2010 en San Francisco, con frecuencia han encontrado resistencia en sus intentos de expansión. Los taxistas regulares se quejan de que a los choferes de Uber no se les obliga a cumplir con las mismas normas, lo que es da a los empleados de la compañía una ventaja injusta y coloca en riesgo a los pasajeros.
La empresa, que ofrece servicios de transporte mediante un app de teléfono celular, argumenta que no es una compañía de transporte tradicional.
La municipalidad de Londres anunció la semana pasada que no renovará la licencia de Uber cuando expire el 30 de septiembre, por lo que considera es una falta de responsabilidad corporativa.
El departamento de transporte de Londres dijo que entre las razones estaba “la actitud de la empresa hacia reportar hechos penales” y el uso de software diseñado para evadir a las autoridades
