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Los Acuerdos de Paz de Guatemala, 25 años después

“RETOMAREMOS EL TIEMPO PERDIDO CON AMÉRICA LATINA”, SEGÚN SECRETARIO DE ESTADO PARA LA AGENDA 2030

Por Carmen Chamorro, directiva del CIP/ACPE

En el marco de la Agenda 2030 de Naciones Unidas para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Secretaría de Estado ha desarrollado esta mañana un seminario para analizar la implementación de los Acuerdos de Paz de Guatemala 25 años después (firma de la Paz en diciembre de 1996, que puso fin a un conflicto que desangró al país) y, “que son la premisa para disfrutar de agendas del cambio y el respeto a los derechos fundamentales “, en palabras del Secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago Romero, encargado de la presentación al inicio del evento en la sede de Casamérica. Durante el balance de la implementación de los mencionados Acuerdos, Enrique Santiago ha exaltado a las personas que impulsaron este proceso, artífices de la transformación, esgrimiendo que la Paz es la condición esencial para el disfrute de cualquier otro derecho fundamental en el planeta. Las agendas de cambio no serán posibles sin la Paz. “Las grandes víctimas de los conflictos son la población civil y sin Paz no se garantiza ningún derecho fundamental al ciudadano mundial”, así de rotundo continuaba su intervención Enrique Santiago, para quien ha sido un orgullo proclamar que España, “no siempre, a la altura, de los acontecimientos”, jugó un papel esencial de acompañamiento en este Proceso de Paz.
Santiago Romero hizo emotivo homenaje al recordar a las 37 victimas mortales en el asalto, acaecido en el año 1980, a la embajada de España en Guatemala con trágico desenlace. Un incidente provocado por la policía de Guatemala durante la dictadura de Fernando Romeo Lucas-García, invadiendo la sede diplomática para incendiarla con fósforo blanco.
José Manuel Martín Medem, Consejero de RTVE, corresponsal en América Latina ha denunciado la desprotección y el desamparo informativo de Guatemala, como una de las causas más importantes del incumplimiento de los Acuerdos de Paz, en un escenario de impunidad donde surgen diferentes interpretaciones: el seguimiento de los Acuerdos de Paz constituye un cambio fundacional en el país para avanzar socialmente, junto con la realidad histórica de una nación, que se involucró en una guerra por mantener el sistema de unos pocos sobre una mayoría indígena, a la vez que tropezó con sucesivos inconvenientes, dentro de la necesidad de implantar una transición democrática electoral. “Los que tenían la impunidad de matar, lo han podido hacer siempre”. En este escenario estremecedor se negociaron los Acuerdos, sin obviar que hayan surgido diferentes valoraciones de si se han cumplido o no.
Desde el punto de vista del corresponsal Medem, si se alude a un estado anímico sin cumplir los Acuerdos dentro de una coyuntura estatal, sustentada por redes ilegales de poder como las mafias del narcotráfico que han ido en aumento…”Hay que tener muy buena voluntad o ingenuidad para pensar que se está desarrollando una Paz firme y duradera”. La guerra, por mantener un sistema de dominación de unos pocos, perdura y quienes creyeron que pareciera una promesa de crear condiciones para un gran acuerdo nacional, tropezaron con inconvenientes sucesivos o “palitos en las ruedas…” : “una realidad discutible, -como digo-, ·si bien, decenas de aparatos ilegales dominan Guatemala”, ha apostillado el Consejero de RTVE.
Por su parte, Olinda Salguero, Vicepresidenta de la Misión Presidencial Latinomericana ha rescatado la visión optimista de la población joven nicaragüense, deseosa de vincularse a los temas de la agenda 2030 pero por otros medios, por lo que ha aludido a unos Acuerdos de Paz como una agenda vigente en plena evolución que marcará la tendencia de lo que pueda suceder en el resto de la Región. Aunque Salguera ha reiterado numerosas veces que no pertenece a la generación que vivió la guerra civil en Nicaragua, si ha celebrado el esfuerzo de Casamérica por dar visibilidad a todos los desafíos, sin olvidar que el 65% de la población centroamericana tiene menos de 30 años y en estos 25 años, ha habido un incremento de denuncias de parte de una ciudadanía mucho más sensible en las áreas del conflicto.
A la luz de los indicadores de desarrollo (tragedia de los migrantes en Chiapas), Salguera ha reconocido no darse aun las condiciones de desarrollo ideales pero si, la necesidad de resignificar la Paz y Democracia misma en el contexto actual de diálogo intergeneracional y “un espacio esencial porque vemos el conflicto de Guatemala en otra dimensión, por lo que hay motivos para el optimismo”.
La población joven en Guatemala, que es muy participativa, desvinculada a los acuerdos y negociaciones, ha creado espacios de confrontación ideológica y un incremento de la polarización extrema en las redes sociales, pero avanza hacia las grandes oportunidades. Hay cosas que se han hecho bien y hay motivos para la esperanza, según ha expuesto la Vicepresidenta de la Misión Presidencial Latinomericana. “No tendría sentido este espacio si no nos viéramos en el presente y que nos proyectará hacia el futuro”. En este mismo orden de cosas, hay un crecimiento objetivo de la clase media en la distribución, aunque no como se deseara; los indicadores de la salud van mejorando con muchos retos por delante como el tema del hambre, “pero que podemos resolver”. No se puede olvidar que la pobreza de las mujeres originarias en las áreas de conflicto sigue siendo muy acusada y la participación política es permeable del narcotráfico, “pero mantengo una visión optimista”, – como digo-, “aunque no hayamos cumplido los Acuerdos de Paz”. “Hoy en día, muere mas gente por accidentes de tráfico o suicidio, que por una guerra”, apostilló Olinda, insistiendo en que tenemos que construir una cultura de Paz que nos permita una realidad distinta, incluyente, positiva…sin retroceder.
Olinda Salguero ha concluido su intervención, aludiendo a que la guerra ya no es un hecho honorable y bien visto, por lo que demuestra que nos enfrentamos a otros contextos con un acusado cambio de mentalidad. Dista de haberse cumplido los Acuerdos, pero hay una mayor sensibilidad de la sociedad y una modificación del paradigma mental en la juventud. Hay que revisar lo que se ha hecho bien. Es más difícil lograr un punto común donde construir, dentro del contexto de una población joven que vive en una realidad diferente: el metaverso. “El hecho que la guerra, a día de hoy, no sea honorable es una diferencia del cielo a la tierra”. Para Olinda Salguero, la paz es la norma ahora en Guatemala. Se está avanzando, aunque no al ritmo como se deseara. “Hemos tenido espacios de oportunidad que nos dan esperanza en una realidad compleja”. Paz y Democracia van de la mano. Igualmente ha advertido que “Europa no tiene que latinoamericanizarse por mala praxis, si no, consolidar procesos como actor clave en Latinoamérica”. A lo que Enrique Santiago le ha respondido que desde la adopción de la Posición Común, todo ha ido a peor, por lo que este Gobierno tiene la voluntad de recuperar el tiempo perdido y retomará las relaciones multidimensionales y polifacéticas con América Latina. “O nos salvamos todos o nos hundimos todos”, ha matizado Enrique Santiago.
Velia Muralles, Perito documental guatemalteca ha propuesto centrarse en la lucha contra la corrupción y la impunidad. El largo proceso representó un fructífero diálogo entre los sectores que integraban la ciudadanía de una Guatemala, que actualmente, se encuentra en el peor de los escenarios. Velia Muralles ha estado desertando sobre un largo proceso que representa el ejercicio del diálogo entre los sectores de trabajadores agrícolas, Iglesia, Universidades, pueblos originarios, empresarios, desplazados internos, partidos políticos, militares, insurgentes y participantes en los diálogos, en busca de consensos. La firma representó la perspectiva que “Otra Guatemala era posible”. Pareciera haber llegado el final pero los informes arrojaban que el 93% de las violaciones cometidas fueron responsabilidad de las fuerzas de seguridad del Estado, con un saldo de 200.000 muertos y 45.000 detenidos desaparecidos, de los que 50.000 eran menores de edad. El terror desencadenó la huida de medio millón de guatemaltecos desplazados y refugiados, procedentes de las comunidades maya. La peor conclusión: que los actos de genocidio se llevaran a cabo entre este pueblo milenario.
Según Velia Muralles, perito documental, Guatemala apenas rebasó los 8 millones de habitantes en la década de los años 80. Los Acuerdos de Paz crearon una plataforma como conjunto de medidas para transformar la sociedad con efecto reparador y sirvió para el reconocimiento de una identidad guatemalteca de carácter multiétnica, pluricultural y multilingüe. “Si bien la exclusión de los pueblos maya es la vergüenza nacional”.
Por lo visto, la Ley de Reconciliación Nacional, destinada a cumplir la función de una Ley de Amnistía, incluyó el Art. 8 que reza, literalmente: la extinción de la responsabilidad penal no será aplicable a delitos de genocidio, lo que abrió brecha a la impunidad. La Agenda de Paz quedó olvidada y encontró cierre de espacios democráticos, acciones en detrimento de los esfuerzos desplegados por estimular el cambio en busca de la verdad y la justicia. “Hablamos de una corrupción enquistada en el sistema por grupos de poder, que hace resurgir el autoritarismo y el terror”. “Estados de excepción, que abocan a violentos desalojos, allanamiento y robo de archivos y a la obstrucción del acceso a información pública ante las protestas de la ciudadanía, criminalizando a la prensa independiente”, ha finalizado Muralles.
Eric de León, Fiscal de la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno de la Fiscalía de Derechos Humanos de Guatemala, agente fiscal del Ministerio Público, ha confirmado a esta corresponsal que ha habido avances y retrocesos. Los delitos que, actualmente, se investigan por la Fiscalía en Guatemala son el genocidio, los delitos contra los Deberes de Humanidad, asesinatos y desapariciones forzosas. La Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) señala que, producto del conflicto armado interno que vivió el país, dejó 45 mil personas víctimas de este tipo de crímenes, los cuales fueron cometidos en su mayoría, por las fuerzas de seguridad del Estado y en menor medida, por grupos no estatales. La CEH resalta que aún no se ha establecido con exactitud, la cantidad de víctimas por este flagelo que sufrió la sociedad guatemalteca. La CEH concluye que la desaparición forzosa constituyó una práctica sistemática que correspondió a operaciones de inteligencia. El Congreso de la República de Guatemala emitió el punto resolutivo 19-04 mediante el cual, un total de 45 mil detenciones ilegales de ciudadanos hoy se encuentran desaparecidos forzosamente, de los cuales se desconoce su paradero, en tanto que sus familias reclaman para ser localizados. Las investigaciones del CAI en la Fiscalía de Derechos Humanos apuntan a 627 en investigación y a 3.288, conexados.
Según el Proyecto de Análisis y Digitación de casos del CAI, de la Secretaría de Política Criminal del MP que dio como resultado parcial el procesamiento de expedientes relacionados a hechos ocurridos en el CAI, se encuentra aún, en las Fiscalías de Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Peten y Sololá.

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