El Tribunal Supremo de Canadá decidió legalizar que los médicos puedan ayudar a morir a pacientes en estado terminal y dio un plazo de un año a las autoridades para enmendar la normativa. Esta decisión supone un giro de 180 grados frente a la que la misma corte tomó en 1993, cuando rechazó la demanda de Sue Rodríguez, una mujer que se encontraba en estado terminal y que reclamaba que se le permitiera el suicidio asistido.
Los nueve jueces del Tribunal Supremo, máxima autoridad judicial de Canadá, votaron a favor de revertir la decisión de 1993 y firmaron de forma conjunta el fallo, lo que los expertos legales afirman que es inusual y tiene la intención de reforzar el consenso. Los jueces explican en su dictamen que no están de acuerdo en que “la formulación existencial del derecho a la vida requiere una absoluta prohibición a la muerte asistida o que los individuos no pueden ‘renunciar’ a su derecho a la vida”.
“Esto crearía un ‘deber a vivir’ en vez de un ‘derecho a la vida’ y cuestionaría la legalidad de cualquier consentimiento a la retirada o negativa de tratamientos para salvar vidas o mantener la vida”, añade el Tribunal Supremo. La revisión de la prohibición al suicidio asistido médico es consecuencia de las demandas presentadas por dos mujeres, Kathleen Carty y Gloria Taylor, que sufrían enfermedades crónicas degenerativas.
Carter murió en 2010 en una clínica suiza que practica suicidios asistidos, mientras que Taylor falleció en 2012 a causa de una infección. Pero antes de morir ambas recurrieron a los tribunales, lo que inició el proceso judicial que ha terminado hoy.
